Bitácora Electoral 2: Los candidatos frente a la corrupción | SapiensBox

Su plan para acabar con ella.

El gran tema de la campaña electoral en curso será la corrupción; no es para menos, diversos estudios confirman que la corrupción se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para gran parte de los mexicanos, sólo después de la inseguridad. En ese sentido, todos los candidatos a la presidencia han incorporado el tema entre sus propuestas de campaña, aunque en el fondo mantienen algunas diferencias.

Es claro que Andrés Manuel López Obrador es el candidato con un discurso más articulado en torno al tema de la corrupción: para él, todos los males de país se explican a partir del régimen de corrupción y de privilegios que tenemos. Por tanto, propone una fórmula sencilla y transparente para salir de la crisis que vivimos: acabar con la corrupción.

La propuesta de López Obrador para acabar de tajo con la corrupción también es sencilla, aunque de difícil comprensión: “si el presidente es honesto, todos los servidores públicos también tendrán que ser honestos”. En el mismo sentido ha señalado: “La erradicación de la corrupción depende principalmente de que en esa tarea se involucre la voluntad política y la capacidad de decisión del titular del Ejecutivo y de la autoridad moral de los gobernantes”.

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En cuanto a las nuevas responsabilidades que tendrán los ciudadanos en su plan para combatir la corrupción está la formulación de una “constitución moral”, con la que se pretende conseguir ciudadanos honestos, altruistas y felices.

El diagnóstico de López Obrador es que hasta ahora no ha habido voluntad política ni autoridad moral para combatir la corrupción y que los gobernantes han preferido justificarla como una cuestión cultural, que es imposible arrancar de raíz.

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En ese sentido, en la propuesta de López Obrador basta con un gobernante excepcional para que sus virtudes se transmitan a sus colaboradores y subordinados en el gobierno. No hay castigo para los corruptos, sino conversión moral.

No sobra decir que los países que han logrado reducir al mínimo sus niveles de corrupción, como Nueva Zelanda, Dinamarca o Suecia -a los que AMLO se ha referido como ejemplo- no lo hicieron con base en una conversión moral de su clase política o de sus ciudadanos, sino que comenzaron a aplicar sanciones legales de manera regular y con criterios universalistas, un imperio de la ley que se traducía en un costo altísimo para quienes cometieran actos de corrupción.

Por su parte, Ricardo Anaya ha insistido en mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a través de la autonomía de sus funcionarios, la prohibición del uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales y la eliminación del fuero.

Recientemente, Anaya propuso una “comisión de la verdad con asistencia internacional” para investigar diversos casos de corrupción del actual gobierno federal, entre ellos al presidente Enrique Peña Nieto. Además, busca impulsar la reforma al artículo 102 constitucional para que se otorgue a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción, no sólo independencia, sino las facultades y recursos necesarios para su eficaz funcionamiento.

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El planteamiento central de Ricardo Anaya para combatir la corrupción parece estar en el diseño institucional. Sin embargo, desde que se empezó a instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, un sistema propuesto por los partidos firmantes del “Pacto por México” (PRI/PAN/PRD), éste ha sido una y otra vez entorpecido en sus funciones. ¿Qué garantiza que bajo el gobierno de Ricardo Anaya el SNA no se convierta en un elefante blanco?

Por su parte, para diferenciarse del partido que representa, José Antonio Meade ha propuesto confiscar el dinero y los bienes de los políticos corruptos, para -con esos recursos- formar un Fondo Nacional de Becas, además de promoverse como el primer presidente sin fuero.

Apenas hace unos días, José Antonio Meade presentó su “7 de 7”. Fue el último de los candidatos en hacerlo, en ella no solamente declara su situación patrimonial, sino también la comprueba. Sin embargo, el principal problema de José Antonio Meade no parecer ser su honestidad y probidad patrimonial, sino su ética pública, al no poder aclarar el papel que jugó la Secretaría de Hacienda -de la que fue titular en dos sexenios- en el desvió de fondos públicos para las campañas electorales del PRI y de la Estafa Maestra.

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Mientras tanto, Margarita Zavala apuesta por una educación cívica y por campañas de valores que ayuden a prevenir la corrupción y comparte con Anaya y Meade la postura sobre la eliminación del fuero. Propuestas que sin duda requieren una mayor explicación por parte de la candidata independiente.

Así los candidatos hasta ahora.