¿El ocaso del joven maravilla? | SapiensBox

Todo sobre el caso de corrupción de Ricardo Anaya

El reciente escándalo de corrupción inmobiliaria en el que está involucrado Ricardo Anaya Cortés pone en jaque a su campaña, en medio de una contienda que se perfila para ser cruel y despiadada.

Pero ¿estamos ante un caso más en el que se utiliza la justicia con fines evidentemente políticos o sólo confirma las sospechas de corrupción que lo persiguen desde hace tiempo?

El caso de lavado de dinero de Ricardo Anaya

Los empresarios tapatíos Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, propietarios de Tesorem, una empresa dedicada a la creación de mecanismos financieros para evadir impuestos, denunciaron ante la PGR que el candidato presidencial es responsable del delito de lavado de dinero por haber simulado la venta de una nave industrial a través de un testaferro de nombre Manuel Berreiro Castañeda, para así quedarse con 55 millones de pesos, mediante la triangulación de recursos a través de paraísos fiscales en dos continentes.

La historia…

Al parecer, Manuel Berreiro, empresario queretano, cercano a Ricardo Anaya, se esfumó de México cuando la PGR inició una investigación a la empresa Tesorem hace varios meses y que en enero tomó un giro inesperado cuando los empresarios Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, acudieron por cuenta propia ante la PGR para aportar información sobre el caso que involucraba al candidato presidencial.

Alberto y Daniel dijeron a la PGR haber sido contratados por Manuel Berreiro Castañeda, y que entre 2016 y enero de este año realizaron operaciones financieras en paraísos fiscales cuya finalidad era hacer llegar 54 millones de pesos al candidato de la alianza por México al Frente.

El caso, hasta este momento, involucraba directamente a los dueños de Tesorem y al empresario Berreiro Castañeda, pero el vínculo criminal más directo con Ricardo Anaya es la venta de una nave industrial a una empresa de la que es socio Berreiro Castañeda, hoy prófugo de la justicia y que en las últimas horas fue ubicado en Canadá sin que hasta el momento se emita su arresto y posterior extradición a México.

Los empresarios contaron a la PGR los pormenores de los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para simular la compra de un terreno en 54 millones de pesos en el estado de Querétaro.

Explicaron que el terreno es nada menos que del suegro de Ricardo Anaya y que se compró al mayor precio posible con la intención de obtener la mayor ganancia, una estrategia fiscal que consiste en manipular los avalúos con mejoras que el terreno en realidad no tiene. En el caso de este predio, dijeron que la “supuesta mejora” fue la instalación de naves industriales.

Posteriormente, crearon diversas empresas fantasmas para triangular la adquisición del inmueble y llevar el dinero a instituciones bancarias en Gibraltar y Suiza.

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La defensa de Ricardo Anaya

El candidato presidencial ha reiterado una y otra vez que se trata de una guerra sucia del PRI para descarrilar su campaña electoral. En paralelo, el presidente del PAN, Marcelo Torres, pidió una cita de urgencia con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien rechazó las acusaciones y subrayó que el tema había nacido de una denuncia en la PGR.

Sin embargo, hasta el momento, Ricardo Anaya no ha dado a conocer sus declaraciones fiscales ni ha dado a conocer todos sus ingresos.

¿El ocaso del joven maravilla?

El tema de corrupción del Joven Anaya fue rápidamente posicionado en todos los espacios mediáticos importantes. La única explicación de la puesta en marcha de ese poderío mediático es hacer que Ricardo Anaya ceda el paso al desgastado José Antonio Meade por el segundo lugar y así convertirse en la opción “anti AMLO” que pueda vencer al tabasqueño.

Culpable o no, para Los Pinos, PGR, CISEN, Hacienda y compañía, solamente importa el juicio mediático contra el joven queretano. El golpe a su campaña es un golpe largamente anunciado con el fin de cobrarle todas sus “traiciones” al gobierno de Enrique Peña Nieto y su posterior crecimiento como “opositor” del régimen.

No sin razones válidas de fondo, las acusaciones contra Anaya pretenden descarrilar su campaña electoral y hasta llevar a prisión al protagonista del “cambio inteligente”, pero que en medio de una campaña electoral puede sentar el precedente de detener o castigar a un candidato presidencial por razones políticas más que por vocación justiciera, algo francamente peligroso.