El caso de Edward y #TodosSomosLuis | SapiensBox

El caso de la muerte de Edward Luna y la prisión al Dr. Luis Pérez se resolverá en los tribunales, pero por ahora parece un caso en el que todos pierden.

La muerte de Edward Luna Trujillo –un niño de tres años– debida a complicaciones de una cirugía por fractura de codo, suscitó una movilización nacional de médicos, que nos enfrenta a la discusión sobre los límites de la responsabilidad y las condiciones para el ejercicio de una profesión de la que depende la salud y la vida de todas las personas.

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El caso, por el que el Dr. Luis Alberto Pérez Méndez enfrenta un proceso penal, se ha dado a conocer en medios de comunicación, pero ha repercutido especialmente en las redes sociales, en las que tanto sus pacientes y conocidos, como profesionales de la salud en todo el país y simpatizantes en general se han pronunciado en contra de lo que califican como una criminalización del acto médico, a través del hashtag #TodosSomosLuis.

Lo cierto es que, hasta el momento, la información que se ha hecho pública sobre los hechos del caso es insuficiente y suscita más preguntas que certezas.

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Sigue siendo poco claro cuál fue la verdadera razón de la muerte del menor.

Mientras que la defensa del médico asegura que Edward murió a consecuencia de una reacción alérgica, imposible de prever, la postura de los padres del menor –con base en unos peritajes preliminares– sostiene que su hijo murió debido a una broncoaspiración que no fue oportunamente atendida, en el contexto de una clínica que no contaba con unidad de terapia intensiva.

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Tampoco está claro si el procedimiento quirúrgico era estrictamente necesario y urgente o si se hubiera podido planear para que se llevara a cabo en otras condiciones. Asimismo, se cuestiona si el personal médico siguió los protocolos exigibles, dadas las circunstancias.

En todo caso, está claro que el Ministerio Público cometió un error al acusar al médico que operó a Edward por homicidio doloso, lo que implicaba la intención de asesinar al pequeño, una decisión frente a la cual, la comunidad médica reaccionó para expresar su desacuerdo, puesto que el dolo en un caso de homicidio como parte del tratamiento médico requiere condiciones muy específicas que no parecen haberse presentado.

En la noche del 12 de abril de 2018, el Dr. Pérez Méndez fue liberado de la prisión preventiva y el presunto delito por el que se le acusó ha sido reclasificado a homicidio culposo. El médico ahora enfrentará el proceso en libertad y, de acuerdo con el código penal del Estado de Oaxaca, donde sucedieron los hechos, la pena que tendría que enfrentar en caso de ser encontrado culpable será apenas la tercera parte de la que correspondería al tipo doloso, además de la suspensión de un mes a dos años de su licencia profesional y una reparación económica equivalente a 790 días de dos saliros mínimos.

Ya que ha sido sujeto a proceso penal, corresponderá a los tribunales decidir si el médico es responsable del delito por el que ha sido acusado. Las movilizaciones de apoyo que ha recibido el doctor exigen que los peritajes que el juez instructor de la causa tome en cuenta estén a cargo de especialistas en el tema, y algunos de ellos incluso consideran que el caso más bien debió haber sido sometido a un procedimiento de reparación del daño, frente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Otro de los argumentos esgrimidos por el movimiento #TodosSomosLuis es que los médicos, cirujanos, dentistas y otros profesionales de la salud en México, muchas veces están obligados a intentar tratamientos o a realizar intervenciones quirúrgicas en circunstancias subóptimas, lo que incluye la falta de unidades de terapia intensiva, debido a las limitaciones materiales de las instalaciones en las que llevan a cabo su labor, por lo que responsabilizarlos penalmente por esas deficiencias conduciría a la parálisis de la práctica médica en muchas comunidades de todo el país.

Más allá del lamentable deceso del pequeño Edward, cuyas circunstancias concretas habrán de ser valoradas en el juicio que se siga contra el Dr. Luis Alberto Pérez Méndez, la reacción de la comunidad médica y de la parte de la sociedad que la respalda responde a preocupaciones que trascienden con mucho al caso concreto.

Por el otro lado, los padres del menor fallecido –que denuncian estar siendo, además, víctimas de acoso en redes sociales– siguen convencidos de que la muerte de su hijo podría haberse evitado y que fue resultado de una actuación que raya en lo criminal; por ello, exigen a las autoridades jurisdiccionales que no cedan ante las presiones, cuando de hacer justicia se trata.

Este parece ser un caso en el que todas las partes salen perdiendo, y frente al cual, la autoridad debe definir con cuidado, tanto los criterios de responsabilidad a los que sujeta al gremio médico –uno de los más importantes para la sociedad– como las necesidades pendientes por atender para garantizar el derecho a la salud de la población de nuestro país.